Brasil propone subir impuestos a apuestas y bancos

Autor: Tomasz Jagodziński

Fecha: 05.08.2025

Durante el Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasilia, se reiteró el llamado a incrementar los impuestos para bancos y operadores de apuestas. La propuesta forma parte de una agenda más amplia de reforma tributaria enfocada en la reducción de desigualdades sociales y económicas en el país.

Enfoque en la justicia fiscal

El evento contó con la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sirvió también para oficializar a Edinho Silva como nuevo presidente nacional del partido. En ese contexto, se hizo hincapié en la necesidad de redistribuir la carga tributaria, que actualmente recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El partido defendió su proyecto de exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$5.000 mensuales y propuso medidas adicionales para gravar sectores de alta rentabilidad.

Uno de los puntos centrales del nuevo paquete fiscal es el aumento del impuesto sobre los ingresos brutos del juego (GGR) para operadores de apuestas deportivas y juegos en línea. La Medida Provisional (MP) propone elevar esta tasa del 12% previamente aprobado al 18%, lo que representa un incremento del 50%.

Advertencias del sector

Según asociaciones de la industria, el aumento impositivo llevaría la carga total – sumando tributos federales y locales – a más del 55%. Estas organizaciones advierten que este nivel podría hacer inviable económicamente la operación de muchas empresas con licencia en el país. Algunas podrían abandonar el mercado brasileño, mientras que otras, que actualmente están en proceso de autorización ante la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), podrían retirar sus solicitudes.

El sector también teme que una carga tributaria excesiva estimule la expansión de plataformas de apuestas no reguladas, que ofrecen cuotas más competitivas al no estar sujetas a impuestos. Esta dinámica podría afectar negativamente la recaudación estatal y debilitar los mecanismos de protección al consumidor.