México planea fuerte aumento del impuesto al juego dentro del presupuesto 2026

Autor: Sebastian Warowny

Fecha: 11.09.2025

El gobierno mexicano ha propuesto elevar el impuesto especial sobre los ingresos brutos del juego del 30% al 50% como parte del presupuesto 2026, una medida que afectaría a casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, incluidas las operadas desde el extranjero.

Aumento considerable en la tasa del IEPS

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, presentó la iniciativa que reformaría la estructura del IEPS para las actividades de juegos y sorteos. Este impuesto, que también se aplica a productos como cigarrillos, refrescos y gasolina, se utilizaría ahora para gravar los servicios de apuestas como parte de una estrategia más amplia para atender problemas de salud y riesgos sociales.

El incremento abarcaría tanto a los establecimientos físicos como a las plataformas en línea, incluyendo a los operadores extranjeros sin residencia fiscal en México.

Actualmente, los operadores pagan un IEPS del 30% sobre sus ingresos brutos mensuales. De aprobarse la propuesta, la tasa subiría al 50%, posicionando a México como uno de los mercados de juego más gravados en América Latina.

Parte de un plan más amplio de «impuestos saludables»

El aumento al impuesto sobre el juego se enmarca en un conjunto de medidas conocidas como «impuestos saludables», cuyo objetivo es desalentar el consumo de bienes y servicios asociados a riesgos sociales y para la salud.

Además de la subida al IEPS para el juego, la propuesta contempla un 8% de IEPS a los videojuegos con contenido violento o para adultos, aplicable tanto a formatos físicos como digitales. Esto incluiría compras de juegos, suscripciones, descargas y transacciones dentro de los propios juegos, como personajes adicionales o nuevos niveles.

Calendario ajustado para la aprobación del presupuesto

La Secretaría de Hacienda proyecta ingresos totales por 8.7 billones de pesos en 2026, de los cuales 5.8 billones provendrían de la recaudación tributaria. El déficit fiscal se estima en 4.1% del PIB, mientras que la deuda pública alcanzaría el 52.3% del PIB.

Según el calendario legislativo, la Cámara de Diputados debe aprobar el presupuesto a más tardar el 20 de octubre. Posteriormente, el Senado tiene hasta el 31 de octubre para revisar la Ley de Ingresos, mientras que el Presupuesto de Egresos deberá quedar finalizado antes del 15 de noviembre. Una vez aprobado, se publicará en el Diario Oficial dentro de los 20 días siguientes.

Se entiende que organizaciones empresariales y operadores están discutiendo una estrategia conjunta para responder a la propuesta de incremento fiscal.

Alta carga tributaria para los operadores

Los operadores de apuestas en México ya enfrentan una estructura fiscal compleja, además del impuesto sobre la renta corporativa. Actualmente, todas las empresas pagan un 30% de ISR sobre su ingreso neto anual, junto con el IEPS, impuestos estatales y municipales, además de tarifas regulatorias pagadas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Los estados imponen un 6% de impuesto sobre ventas, y en algunas jurisdicciones se añade un 10% de impuesto al consumo sobre la actividad de juego, además de gravámenes sobre los premios de los jugadores. Aunque los operadores pueden deducir hasta el 20% de su obligación de IEPS por impuestos locales o regionales ya pagados, la carga fiscal total sigue siendo de las más altas de la región.

De aprobarse el IEPS al 50%, analistas advierten que podría ejercer una fuerte presión financiera sobre los operadores tanto físicos como en línea.

Una industria en transformación

La propuesta de aumento fiscal llega en un momento de transición para el mercado mexicano de juegos de azar. Se prevé que para finales de 2025 los ingresos en línea superen por primera vez a los de las operaciones físicas, reflejando la rápida migración hacia canales digitales.

Sin embargo, la regulación actual sigue basada en una ley que data de 1947, y aunque existe un proyecto para modernizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, su avance ha sido lento.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado interés en actualizar la legislación, pero las presiones económicas parecen haber priorizado la recaudación fiscal sobre las reformas estructurales.

Expertos de la industria han señalado que los esfuerzos de modernización podrían retrasarse aún más por factores externos, como cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos, la implementación de nuevos aranceles y un posible aumento de las medidas proteccionistas.