Perú tipifica el amaño de partidos como delito

El amaño de partidos se convierte en delito bajo el Código Penal

El Congreso Nacional de Perú ha aprobado una reforma legislativa dirigida específicamente a combatir el amaño de partidos. El nuevo artículo 197-A del Código Penal establece penas de prisión de tres a seis años para cualquier persona que influya directa o indirectamente en el desarrollo o resultado de un evento deportivo.

Cuando la manipulación esté vinculada a un operador de apuestas con licencia o a sus marcas asociadas, la pena se eleva a entre cuatro y ocho años. La ley abarca a un amplio grupo de actores, incluidos jugadores, árbitros, entrenadores, personal médico, agentes y directivos de clubes, ligas y federaciones, así como cualquier persona con influencia directa o indirecta sobre las competiciones.

Para reforzar el cumplimiento, todos los operadores de apuestas con licencia deberán firmar una carta formal de integridad. Este documento, avalado por los ejecutivos de mayor rango, establece reglas claras para combatir el amaño y fija la responsabilidad a nivel directivo.

Perú entre los países con mayor riesgo de manipulación

La urgencia de esta reforma refleja el notable aumento de la actividad sospechosa en el mercado de apuestas peruano. Según el informe Corruption in Betting and Match-Fixing in 2023 de Sportradar, Perú ocupó el octavo lugar a nivel mundial en casos de presunta manipulación, un salto significativo desde el puesto 28 del año anterior.

El fútbol concentra la gran mayoría de las alertas, con 880 partidos marcados como potencialmente manipulados. El baloncesto registró 205 casos y el tenis de mesa 70. Estas cifras evidencian la magnitud del reto para las autoridades peruanas, que enfrentan una presión creciente para modernizar los sistemas de monitoreo y reforzar los mecanismos de control.

Un mercado regulado que enfrenta obstáculos

Esta ofensiva contra la corrupción llega justo un año después del lanzamiento del mercado regulado de juego en línea en Perú. Bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el nuevo marco legal busca trasladar a los operadores extranjeros del sector no regulado a un sistema con licencias. Dentro de este esquema, todos los operadores deben pagar un impuesto del 12% sobre los ingresos netos por apuestas.

La iniciativa fue inicialmente elogiada por poner a Perú en línea con otros países vecinos como Brasil y Colombia, que recientemente modernizaron sus regulaciones para atraer inversión internacional y reforzar la supervisión. El objetivo era no solo generar ingresos fiscales, sino también mejorar la protección de los consumidores y salvaguardar la integridad del deporte.

Sin embargo, la intervención política ha interrumpido este progreso. En marzo, la presidenta Dina Boluarte ordenó a la agencia tributaria nacional, SUNAT, aplicar un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del 1% sobre el volumen total de apuestas, con entrada en vigor el 1 de septiembre.

La medida se implementó sin directrices técnicas claras sobre cómo calcular el volumen, en especial en lo relativo a bonos e incentivos, lo que ha generado confusión entre los operadores y una fuerte reacción negativa.

Reacción de la industria y acciones legales

Los operadores locales advierten que el ISC podría perjudicar gravemente al mercado regulado. Su principal preocupación es que los operadores extranjeros pueden trasladar el costo del impuesto a los jugadores, mientras que las empresas nacionales se ven obligadas a absorberlo. Esto, argumentan, crea una competencia desigual y da ventaja a las plataformas sin licencia.

Una alianza de casas de apuestas locales ya ha presentado una demanda legal solicitando al Congreso revisar la medida. Advierten que, de no modificarse, el impuesto podría debilitar la lucha contra el juego ilegal y frenar el crecimiento del mercado regulado.