La auditoría de Brasil revela que más de una cuarta parte de los fondos de asistencia social se gastaron en apuestas antes de la prohibición

El 27% de los fondos de asistencia social se utilizó para apostar

Según un estudio del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), los beneficiarios del programa Bolsa Família gastaron 3.700 millones de reales (685,6 millones de dólares) en apuestas durante enero, lo que equivale al 27% de todos los fondos distribuidos a través del programa ese mes. La auditoría se realizó para determinar si los pagos de asistencia social estaban siendo mal utilizados con fines de juego.

Los hallazgos llevaron al TCU a calificar la cifra como “muy alta” y a exigir medidas correctivas a las instituciones gubernamentales. El tribunal ordenó al Ministerio de Desarrollo Social y al Banco Central presentar un plan de acción en un plazo de 90 días para detectar y prevenir inclusiones indebidas en el programa. También recomendó que las transacciones bancarias que superen significativamente los ingresos declarados se utilicen como posible evidencia de uso indebido.

La auditoría también expresó preocupación por el uso ilegal de los números de identificación fiscal de los beneficiarios por parte de terceros para actividades relacionadas con las apuestas, lo que ha provocado llamados a una investigación independiente.

Mayores restricciones y obligaciones de cumplimiento

Brasil prohibió formalmente las apuestas entre los beneficiarios de los programas Bolsa Família y Beneficio de Prestación Continua a finales de septiembre. La prohibición fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo Federal, que mantuvo una medida de emergencia que restringe el uso de fondos de asistencia social para el juego.

Según la Ordenanza Normativa Nº 2.217/2025 y la Instrucción Normativa Nº 22, los operadores de apuestas deben verificar los registros de los jugadores con una base de datos gubernamental de beneficiarios de asistencia social. También deben cotejar los números de CPF de los apostadores en el sistema nacional de gestión de apuestas (Sigap) al menos cada 15 días. Si un jugador aparece en la lista de beneficiarios, los operadores están obligados a bloquear su acceso, cerrar la cuenta y devolver los fondos depositados.

Inicialmente, los operadores tenían 30 días para cumplir con las nuevas normas, pero el plazo fue ampliado por otros 30 días.

Debate sobre los derechos civiles y el riesgo del mercado negro

Las nuevas restricciones han generado un intenso debate en Brasil. Los críticos sostienen que la prohibición vulnera las libertades personales al restringir cómo los beneficiarios de asistencia social pueden gastar su dinero.

“Se convierte en un tema de derechos civiles. Si estoy en una situación en la que necesito asistencia social, no puedo decidir en qué voy a gastar mi dinero, por lo que tengo una libertad limitada. O bien les das cupones para comida, o les das dinero y les permites decidir qué hacer con él,” afirmó Luiz Felipe Maia, socio fundador de Maia Yoshiyasu Advogados.

Las asociaciones del sector también advierten que la prohibición podría empujar a los jugadores hacia mercados no regulados. Un estudio encargado por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) reveló que el 45% de los beneficiarios de asistencia social planea seguir apostando a través de operadores del mercado negro una vez que la prohibición entre en vigor.