Brasil avanza hacia la lista definitiva de exclusión en el mercado regulado de apuestas
El gobierno brasileño está ultimando una lista de exclusión que impedirá apostar a funcionarios públicos, profesionales del deporte, menores de edad y millones de beneficiarios de programas sociales. La medida busca reforzar la integridad del mercado regulado de apuestas y limitar los riesgos de juego problemático.
Quiénes quedarán excluidos de las apuestas
La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda se encuentra en la fase final de preparación de una lista concluyente de individuos excluidos del mercado regulado de apuestas. Las exclusiones abarcan a un amplio conjunto de grupos: funcionarios públicos, menores de edad, personas con vínculos profesionales directos con la industria de apuestas, así como atletas, árbitros, entrenadores, dirigentes y delegados de clubes.
Aunque estas restricciones han estado presentes en el marco regulatorio desde su lanzamiento el 1 de enero, el gobierno se vio impulsado a actuar con mayor firmeza tras las investigaciones a jugadores de alto perfil como Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Desde entonces, la SPA ha reforzado su mensaje a los operadores de que mantener la integridad deportiva es un requisito innegociable.
También quedan excluidos los beneficiarios sociales
En un paso que diferencia a Brasil de la mayoría de las jurisdicciones, el gobierno ha decidido impedir que amplias categorías de beneficiarios sociales participen en el juego. Los beneficiarios de los programas Bolsa Família y Beneficio de Prestación Continuada (BPC) tienen prohibido apostar, tras una orden directa emitida por el presidente Lula da Silva en abril.
Bolsa Família asiste a unos 54 millones de brasileños de bajos ingresos, mientras que el BPC ayuda a más de 5,8 millones de personas mayores. En conjunto, esto significa que cerca del 30% de la población nacional queda excluida de las actividades de apuestas.
La decisión se fundamenta en la protección del jugador y en la política social. Mientras mercados más maduros como el Reino Unido, Países Bajos y Australia han introducido prohibiciones al uso de tarjetas de crédito para el juego, ninguno ha optado por excluir a un segmento tan amplio de beneficiarios sociales del mercado regulado.
Se espera una aplicación estricta
Las autoridades han advertido a los operadores que deben rechazar registros, depósitos y apuestas de cualquier persona incluida en la lista de exclusión. En los casos en que ya existan cuentas, las empresas están obligadas a bloquearlas y devolver los saldos.
La protección de menores sigue siendo una prioridad particular. El Ministerio de Justicia ha citado datos que muestran que los adolescentes son desproporcionadamente vulnerables a los daños del juego, con alrededor del 55% de los apostadores de entre 14 y 17 años considerados en riesgo. Esto ya ha generado debates legislativos adicionales, con algunos legisladores proponiendo aumentar la edad legal para apostar de 18 a 21 años.
Combatiendo el mercado paralelo
Incluso con el nuevo régimen, los operadores no autorizados siguen planteando desafíos. Estos mercados grises y negros existían mucho antes del lanzamiento del sistema regulado en enero, y su persistencia fue destacada en la SBC Summit Rio.
“Necesitamos luchar contra las casas ilegales, algo que realmente tiene un impacto en nuestro mercado”, dijo Rafael Borges, CEO de UX Group y Reals. “Una vez que operan ilegalmente, dificultan la forma en que el pueblo brasileño percibe nuestro mercado.”
Junto con los operadores offshore, el gobierno también ha mostrado preocupación por el papel de las redes sociales en facilitar la actividad ilegal. Los influencers que promueven plataformas no autorizadas siguen bajo escrutinio, lo que refleja cómo la regulación y la aplicación de la ley se extienden más allá del núcleo de la industria.
Presión sobre las plataformas de redes sociales
La Procuraduría General de la Unión (AGU) ha tomado medidas directas para frenar la publicidad de apuestas ilegales en línea. Recientemente ordenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, que retirara los anuncios de juego no autorizado en un plazo de 48 horas.
La AGU argumentó: “Por lo tanto, las empresas que no han obtenido autorización del Ministerio de Hacienda están operando ilegalmente, lo que también convierte en ilegal la publicidad de sus servicios y aplicaciones.”
La oficina aclaró que los operadores debidamente licenciados deben usar el dominio “.bet.br”. Según se informa, Meta se ha comprometido a actualizar sus políticas y procesos de verificación para cumplir con la normativa.
Recomendado