Colombia actualiza la regulación de las tragamonedas para combatir el juego ilegal y aumentar la recaudación fiscal

Legalización de máquinas no registradas

La actualización normativa amplía lo establecido en la resolución emitida en febrero de 2024, que introdujo un proceso para legalizar las máquinas tragamonedas operadas por pequeños negocios fuera del sistema oficial de concesiones. En ese momento, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, afirmó que la estrategia busca “promover las apuestas legales y formalizar alrededor de 100.000 máquinas tragamonedas que actualmente no cumplen con los requisitos legales en Colombia”.

Esta medida forma parte del programa “Mets por la Paz”, vinculado a la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro. El objetivo principal es desviar los ingresos del juego ilegal que actualmente alimentan redes criminales relacionadas con el narcotráfico y la extorsión, y canalizarlos hacia la economía formal y el sistema de salud pública.

Principales disposiciones de las enmiendas

Los cambios propuestos establecen diversos requisitos operativos y técnicos. Uno de los aspectos centrales es la introducción de estándares mínimos de espacio en los locales, según el tamaño del municipio. Por ejemplo:

• En municipios con más de 50.001 habitantes, los establecimientos deben contar con al menos seis metros cuadrados por cada cuatro METs.

• En localidades con menos de 25.000 habitantes, se requerirán tres metros cuadrados para un máximo de dos máquinas.

Los operadores deberán presentar una declaración juramentada que acredite el cumplimiento de estos requisitos. Dicha declaración debe incluir la dirección del establecimiento, la cantidad de máquinas, las partes involucradas y el área total habilitada.

Además, se permitirá que hasta el 10 % de los establecimientos autorizados se utilicen para reubicar máquinas existentes o instalar nuevas unidades. Inicialmente, se podrán autorizar 40 máquinas, y al finalizar los primeros cuatro meses del contrato, deberán estar registradas al menos 80.

Para conservar la autorización administrativa, los operadores deberán firmar un contrato de concesión dentro de un plazo de cuatro meses. En caso contrario, la autorización quedará sin efecto.

Límites de premios y reglas sobre pagos

El marco normativo actualizado también establece límites específicos para los premios ofrecidos por las METs:

• Los juegos estándar podrán otorgar premios de hasta 392 UVT (Unidad de Valor Tributario).

• Las máquinas con jackpots progresivos podrán entregar hasta 784 UVT.

Asimismo, las máquinas deberán garantizar un retorno teórico mínimo del 82,5 % para los jugadores. Esta medida busca asegurar transparencia y equidad en la operación de estos juegos.

El uso de efectivo estará regulado según la categoría industrial del establecimiento. Algunos podrán aceptar pagos en efectivo, mientras que en otros se deberá utilizar exclusivamente el canje de tickets. En estos casos, los operadores deberán garantizar puntos accesibles de pago en caso de que el local no disponga de fondos suficientes.

Refuerzo de la transparencia y la responsabilidad

Uno de los aspectos destacados de la reforma es la inclusión de operadores terceros dentro del marco regulatorio. Las resoluciones aclaran que aquellos que administren METs sin ser propietarios directos también deberán cumplir con los mismos estándares de conducta y documentación. Se hace énfasis en el principio de buena fe, que obliga a todas las partes involucradas en el proceso de autorización a actuar con honestidad y transparencia.

Los proyectos de resolución —números 20164000006944 y 20241200001824— están abiertos a observaciones hasta el 1 de abril de 2025 a las 5:00 p.m. Las opiniones deben enviarse al correo electrónico dcoral@coljuegos.gov.co.

El objetivo final de Coljuegos es crear un entorno de juego más seguro y transparente en Colombia, al tiempo que se recuperan ingresos fiscales esenciales para el Estado. Este aspecto es especialmente relevante, ya que los recursos recaudados del juego legal se destinan directamente al sistema de salud pública del país.