Colombia evalúa ajustes en los impuestos al juego dentro de la reforma tributaria
El Gobierno colombiano ha indicado que podría reconsiderar varios elementos de su propuesta de reforma tributaria, incluidos los nuevos gravámenes que afectan al sector del juego. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, declaró en el Congreso que las autoridades están abiertas a modificar ciertas disposiciones para proteger los niveles de consumo y atender preocupaciones sobre la equidad.
Revisión de los cambios en los impuestos al juego
El ministro Ávila señaló que el Gobierno está dispuesto a examinar los ajustes propuestos en los impuestos al juego con el fin de asegurar “una dinámica más progresiva respecto a estos impuestos”. La intención, explicó, es equilibrar los objetivos de recaudación con el principio de equidad social, garantizando que las medidas no afecten de manera desproporcionada a determinados grupos.
El debate sobre los impuestos al juego forma parte de un paquete de reforma más amplio introducido por la administración del presidente Gustavo Petro. El plan busca recaudar 26,3 billones de pesos colombianos (aproximadamente 6.400 millones de dólares) para financiar el presupuesto nacional de 2026. Una disposición clave de la propuesta convertiría en permanente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% sobre el juego en línea, medida que ha generado gran atención entre los actores del sector.
Otros sectores en revisión
Más allá del juego, el ministro confirmó que también se están considerando ajustes en el IVA de la gasolina y en los impuestos al alcohol. Señaló que cualquier revisión de los gravámenes sobre las bebidas alcohólicas debería tener en cuenta los distintos impactos en los grupos sociales, “especialmente en el consumo en los sectores sociales de menores ingresos, como la cerveza”.
Ávila recordó a los legisladores que cualquier cambio a la propuesta debe mantenerse dentro de los límites de la Constitución. El artículo 351 especifica qué partidas presupuestarias no pueden reducirse ni eliminarse, incluidas las obligaciones de deuda pública y los contratos estatales. El objetivo del Gobierno, agregó, es garantizar un “esfuerzo tributario claramente progresivo” que evite cargar el consumo básico de los hogares, al tiempo que construye consensos en el Congreso.
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