México avanza hacia la reforma de sus antiguas leyes de juego
México se prepara para actualizar su legislación sobre juegos de azar por primera vez en casi ocho décadas. La Secretaría de Gobernación (Segob) ha confirmado que trabaja en una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, lo que podría significar cambios importantes para una industria que opera bajo reglas desfasadas desde 1947.
Un marco obsoleto en revisión
La actual Ley de Juegos y Sorteos lleva 78 años en vigor sin modificaciones sustanciales. Las autoridades reconocen que los avances tecnológicos en apuestas y juegos, junto con la necesidad de un mayor control, hacen que la reforma sea un asunto urgente. Segob ha señalado que el objetivo es modernizar la ley, ofrecer certidumbre a los operadores y atender riesgos delictivos como el lavado de dinero.
La dirigencia de Segob ha planteado una postura más estricta sobre las prácticas del sector. Se ha remarcado la importancia de la transparencia y la integridad, subrayando que los procesos regulatorios serán gestionados directamente por la secretaría sin intermediarios. A cambio de la regularización de sus operaciones, se espera que las empresas cumplan plenamente con sus obligaciones fiscales.
Intentos previos de modernización
Los esfuerzos por actualizar el marco legal del juego en México han enfrentado dificultades en el pasado. Un intento relevante ocurrió en 2014, cuando la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos. Sin embargo, la iniciativa se estancó en el Senado y nunca fue promulgada. Este antecedente refleja la complejidad de alcanzar consensos en torno a la regulación del sector.
Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador no se otorgaron nuevas licencias de casinos, política que continúa bajo la actual presidenta Claudia Sheinbaum. La restricción en la expedición de permisos refleja un enfoque prudente hacia la expansión del mercado, incluso mientras se consideran reformas regulatorias.
Propuestas fiscales elevan la presión
La discusión sobre la reforma coincide con iniciativas fiscales de la Secretaría de Hacienda. Entre ellas se incluyen un impuesto especial del 8% a los servicios digitales relacionados con videojuegos violentos y un aumento de la tasa aplicada al juego en línea del 30% al 50%. Estas medidas plantean un entorno financiero más exigente para los operadores al mismo tiempo que se elaboran posibles cambios regulatorios.
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