Nuevas leyes en Brasil buscan limitar el juego para grupos vulnerables

30.09.2024

Brasil está tomando medidas significativas para limitar los riesgos del juego en grupos vulnerables, con dos nuevos proyectos de ley que buscan restringir el gasto y establecer prohibiciones específicas para proteger a la población más expuesta a la adicción al juego.

Preocupaciones sobre los efectos sociales del juego en Brasil

En vísperas del lanzamiento del mercado de apuestas licenciado en Brasil, previsto para el 1 de enero de 2025, las preocupaciones sobre los posibles impactos sociales y fiscales del juego en la población han aumentado. En respuesta a estos temores, dos proyectos de ley presentados recientemente en el Senado buscan limitar la cantidad de dinero que ciertos grupos vulnerables pueden apostar.

El primero de los proyectos, el PL 3,718/2024, fue presentado por el senador Alessandro Vieira. Este proyecto busca restringir las apuestas de las personas mayores, aquellas inscritas en el registro activo de deuda o protección de crédito, así como las familias de bajos ingresos que forman parte del programa de asistencia social CadÚnico.

Las restricciones incluirían límites en el gasto, que se activarían una vez que se haya perdido una cantidad significativa de dinero en apuestas. Además, se podrían establecer límites adicionales basados en los ingresos declarados del jugador, e incluso se contempla la posibilidad de prohibir completamente las transacciones de apuestas para ciertos individuos.

Por otro lado, el PL 3,745/2024, presentado por el congresista Elmar Nascimento, también propone limitar el gasto en apuestas al 15% de los ingresos mensuales. Además, este proyecto de ley busca prohibir las apuestas entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana para aquellos considerados en «alto riesgo de adicción y trastornos patológicos del juego».

Anuncio pendiente del presidente Lula

Se espera que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva haga un anuncio esta semana sobre un conjunto de medidas que podrían abordar algunas de estas preocupaciones. Entre los temas especulados se encuentran la regulación adicional de la publicidad y la restricción de las apuestas para quienes reciben beneficios del programa de asistencia social Bolsa Família.

Además, hay rumores de que Lula adelantará la prohibición del uso de tarjetas de crédito para apuestas, una medida que está programada para entrar en vigor en enero de 2025. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) ya han aconsejado a sus miembros que aceleren esta prohibición, y el IBJR ha confirmado que todos sus miembros han aceptado implementarla de inmediato.

Estos proyectos de ley surgen en medio de una creciente presión por parte de funcionarios gubernamentales y otros sectores, especialmente el minorista. Un estudio reciente realizado por la Sociedad Brasileña de Venta al Por Menor y Consumo (SBVC) señaló que algunos apostadores estaban utilizando dinero destinado a necesidades básicas como ropa y atención médica para apostar. Aunque el estudio ha sido criticado por su pequeña muestra, ha generado una amplia cobertura mediática y preocupación entre los funcionarios públicos.

Un problema adicional es el juego ilegal. Recientes datos de Yield Sec indican que los operadores con licencia dentro del país representan solo el 9% del mercado total de apuestas en línea en Brasil. Este bajo porcentaje subraya la necesidad de medidas más estrictas para controlar el mercado.

Nueva fecha límite en octubre

El gobierno brasileño anunció que los operadores de apuestas que ya estén activos en el país y deseen obtener una licencia deberán solicitarla antes de las 11:59 p.m. del 30 de septiembre. Estos operadores deben informar a la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, su intención de operar durante el período de transición, que va del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024.

Los operadores que no cumplan con estos requisitos deberán ofrecer a los jugadores un período de 10 días para retirar sus fondos antes de cerrar sus operaciones. Según los abogados Eduardo Carvalhaes y Karen Coutinho, del bufete Lefosse, esta medida ayudará a eliminar a los operadores ilegales antes de la fecha límite oficial del 1 de enero de 2025.